El descubrimiento casual de tesoros de interés histórico-artístico es algo relativamente frecuente en un país como en nuestro, lleno de historia y por el que han transitado numerosas culturas. Cuando se encuentran bienes de este tipo, el primer problema que tiene que resolver el Derecho es el de a quién corresponderá su propiedad, postulándose como posibles adquirentes, el descubridor, el dueño del suelo en que se encontró y el Estado o la comunidad. La forma de dirimir este conflicto de intereses ha variado a lo largo del tiempo. El Código civil reguló tanto el concepto de tesoro como su adquisición en general, pero su falta de claridad propició fuertes debates tanto sobre los elementos del primero, como respecto a los principios sobre los que se basaba la segunda (ocupación, accesión, atracción real?). Igualmente, incluyó una norma específica para los descubrimientos de tesoros de especial interés para las ciencias y las artes, que enlazaba con la normativa general y que daría paso, con posterioridad, a otras normas de carácter administrativo dirigidas de forma genérica a velar por nuestro patrimonio histórico y que, entre otros temas, regularían también el de estos descubrimientos y sus consecuencias para los distintos sujetos implicados. Ahora bien, ¿hasta qué punto esos principios en que se basó el Código civil para resolver estos supuestos, están presentes en esas normas administrativas y explican las soluciones que cada una de ellas da al problema que nos ocupa? Responder a esta pregunta será el fin perseguido por esta obra que, para ello, analizará la regulación del Código civil al respecto, los preceptos correspondientes de la Leyes de 7 de julio de 1911 y de 13 de mayo de 1933, con sus respectivos reglamentos, y la legislación actualmente en vigor, constituida por la Ley de 25 de junio de 1985, del Patrimonio Histórico Español (a cuyo estudio se dedica el grueso de esta obra) y las Leyes autonómicas en la materia.
