La presente obra tiene por objeto y finalidad principal ofrecer un análisis riguroso de todas y cada una de las medidas de investigación tecnológica que pueden acordarse en el proceso penal, según resulta de la relevante modificación de la LECrim por la LO 13/2015, que regula de forma extensa y nove...
La presente obra tiene por objeto y finalidad principal ofrecer un análisis riguroso de todas y cada una de las medidas de investigación tecnológica que pueden acordarse en el proceso penal, según resulta de la relevante modificación de la LECrim por la LO 13/2015, que regula de forma extensa y novedosa los medios de investigación, ya sea de hechos de naturaleza electrónica o bien de hechos ordinarios investigados mediante instrumentos o dispositivos electrónicos.
Ahora bien, cabe destacar que el ámbito e interés de este libro excede del cauce limitado del proceso penal, en tanto que las cuestiones y conclusiones que se contienen son útiles respecto a los hechos que se manifiestan o se investigan mediante el uso de la tecnología en cualquier clase de proceso jurisdiccional. Es por ello que a ese fin se atiende a los problemas que se plantean en esta clase de procedimientos con cita y comentario de las sentencias dictadas en el proceso civil o social, en los que se carece de una regulación en esta materia. Ejemplos de interés, objeto de análisis, serían los referentes al control de los medios tecnológicos empleados por el trabajador o la aportación y valoración de mensajes o correos electrónicos en el proceso civil.
Finalmente, resulta de especial interés resaltar que, sin perjuicio de la necesaria y obligada fundamentación doctrinal de cada cuestión tratada, esta obra parte del referente necesario y obligado de la jurisprudencia dictada en la materia, que se aporta en un anexo donde se relacionan las decisiones judiciales con cuestiones o problemas concretos. Así, se ha perseguido que cada argumento que se ofrece y comenta esté amparado en una decisión judicial que pueda servir tanto al estudioso como al práctico en derecho que precisa de argumentos para defender sus pretensiones en el proceso en defensa de los intereses de su cliente, lo cual constituye la finalidad esencial del ejercicio del derecho y de la práctica jurídica.
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