El título responde a las exigencias planteadas por la Recomendación (UE) 2017/1805 de la Comisión, de 3 de octubre de 2017, sobre la profesionalización de la contratación pública. De conformidad con el citado texto, aquellas personas implicadas en la contratación de bienes, servicios y obras, así co...
El título responde a las exigencias planteadas por la Recomendación (UE) 2017/1805 de la Comisión, de 3 de octubre de 2017, sobre la profesionalización de la contratación pública. De conformidad con el citado texto, aquellas personas implicadas en la contratación de bienes, servicios y obras, así como los auditores y funcionarios responsables de la revisión de los casos relacionados con la contratación pública, deberán disponer de las cualificaciones, formación, capacidades y experiencia adecuadas. El Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, pretende sentar las bases para el establecimiento de una Administración para el siglo XXI, capaz de actuar como tractor de los cambios propiciados por el avance tecnológico. Este nuevo paradigma representa una oportunidad única para renovar la actuación administrativa y reforzar el compromiso del Sector público con la persecución de los intereses generales, tarea en la que la contratación pública estratégica está llamada a disponer de un enorme protagonismo. La obra que tiene en sus manos pretende impulsar una mejor y mayor formación en la gestión de la carrera de los agentes implicados en la contratación pública, presupuesto esencial para lograr la consecución de las profundas transformaciones que se vislumbran en el horizonte post COVID-19. Con la misma se da respuesta a buena parte de los interrogantes que el despliegue del Instrumento de Recuperación Europeo «Next Generation EU» presenta para el conjunto de las Administraciones públicas desde la perspectiva contractual. El estudio contempla las modificaciones introducidas por la Sentencia del Tribunal Constitucional de 18 de marzo de 2021, dictada en el Recurso de Inconstitucionalidad núm. 4261-2018, promovido por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón.
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