Un gran equipo de autores, todos ellos pertenecientes al Cuerpo de Abogados del Estado con experiencia en el asesoramiento jurídico en diversas áreas de actuación de la Administración, proceden al estudio del funcionamiento de la Administración Digital desde un punto de vista sistemático y transvers...
Un gran equipo de autores, todos ellos pertenecientes al Cuerpo de Abogados del Estado con experiencia en el asesoramiento jurídico en diversas áreas de actuación de la Administración, proceden al estudio del funcionamiento de la Administración Digital desde un punto de vista sistemático y transversal.
La presente obra no solo realiza un examen de las distintas disposiciones supranacionales, estatales y autonómicas que regulan los distintos aspectos del funcionamiento electrónico de la Administración en la actualidad, sino que se aborda cada una de las instituciones fundamentales en que se articula la Administración Digital, definiéndolas, contemplando globalmente su regulación y los problemas prácticos que reviste su aplicación.
La propia situación mundial producida por la pandemia de la COVID 19 no ha hecho más que impulsar y alentar las relaciones jurídico-administrativas por medios telemáticos cuando a pesar de la imposibilidad de la presencia física, los ciudadanos y las Administraciones Públicas pudieron mantenerlas incluso con una normalidad inusitada.
Los nuevos planes de Resiliencia o la Agenda 2020-2030 apuestan sin vuelta atrás por estos medios como forma de concebir las relaciones Administración-ciudadano que ha llegado definitivamente para quedarse.
Ventajas: Ofrece una visión de conjunto, tanto teórica como práctica, útil para los que desde distintas perspectivas afrontan los retos de la Administración electrónica: - el jurista que ha de interpretar y aplicar sus normas, - el gestor que afronta la implantación del funcionamiento electrónico de la Administración, - el técnico que al realizar los desarrollos necesarios para ello debe cumplir las exigencias que el ordenamiento prevé para los mismos, - el ciudadano que voluntaria o necesariamente ha de comunicarse con la Administración por medios telemáticos o digitales.
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