Toda sentencia tiene efectos jurídicos inmediatos para quienes litigan ante la jurisdicción -y, en ocasiones, para otros sujetos- y puede producir efectos jurídicos secundarios o indirectos en la esfera de determinados terceros, ya sea por la naturaleza accesoria de ciertos negocios jurídicos (como sucede en el caso de la fianza), ya sea por la dependencia o subordinación de algunas relaciones jurídicas respecto de otras (como acontece, por ejemplo, en el caso del subarriendo).
Si se piensa con atención, ello pone de manifiesto que, en ocasiones, determinados sujetos jurídicos, ajenos en principio a una contienda que se sustancia ante los tribunales de justicia, pueden verse concernidos por la resolución que decida esta, posibilidad que les permite solicitar que se les permita intervenir en ella para defender sus legítimos intereses.
En otras, sin embargo, su participación en el pleito es requerida por quienes forman parte de la relación jurídico procesal, existiendo asimismo supuestos en los que su intromisión en la litis es auspiciada por el mismo tribunal que ha de pronunciarse sobre la cuestión que se discute en ella, sin que falten hipótesis -ciertamente diferentes a las anteriores– en las que se admite su injerencia en procesos iniciados por asociaciones o entidades constituidas para la protección de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, o incluso como amicus curiae, conjetura sumamente peculiar que solo se prevé en los procesos para la defensa de la competencia y de protección de datos.
Cuanto antecede pone de manifiesto que la intervención procesal favorece que se alcance el fin que se busca con todo proceso, que no es otro que el de hacer justicia en el caso concreto de que se trate, por lo que conviene conocer bien lo que es y significa, las posibilidades que ofrece y el estatus jurídico de quien es admitido como interviniente, aspectos que se analizan con detalle en la presente obra, que, por ello, resulta de indudable interés práctico.
