IUSDATA Y ADMINISTRACIÓN PUBLICA

La entrada en vigor del RGPD supuso un auténtico cambio de paradigma en la tutela jurídica de los derechos de la privacidad, trayendo consigo un tiempo de tribulaciones en el seno del Sector público propiciado en gran medida por la ruptura de los cómodos esquemas de cumplimiento normativo a los que plácidamente se habían habituado las Administraciones públicas. Transcurridos más de cuatro años desde que dicho hito legal adquiriera plena eficacia jurídica, y pese al incremento exponencial de los procesos de digitalización y datificación del poder público, se constata que la incorporación del enfoque de proactividad y la efectiva aplicación e implantación de la teoría anglosajona del 'accountability', entre otras muchas cuestiones, siguen siendo una quimera en buena parte del conjunto de las Administraciones públicas españolas, con lo que ello representa para la salvaguarda de un derecho fundamental, la protección de datos personales, que se erige como instituto indispensable para garantizar la dignidad de la persona ante los envites del avance digital.