Arbitraje y Estado han parecido, al menos desde 1852, términos de difícil compatibilidad, donde las Administraciones, que ejecutan los designios gubernamentales, han preferido acudir al tradicional remedio que supone la jurisdicción contencioso-administrativa. Esta prevención ha tenido como consecue...
Arbitraje y Estado han parecido, al menos desde 1852, términos de difícil compatibilidad, donde las Administraciones, que ejecutan los designios gubernamentales, han preferido acudir al tradicional remedio que supone la jurisdicción contencioso-administrativa. Esta prevención ha tenido como consecuencia una carga judicial insostenible y, por ende, cierta insatisfacción para los administrados, que son, no lo olvidemos, los ciudadanos cuando se relacionan con los servicios y funciones públicas.
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