Las XXIII Jornadas de la APPDC, celebradas en la Universidad de Burgos en mayo de 2025, situaron la vivienda en el centro del estudio y de la atención de los especialistas en Derecho civil en un momento especialmente oportuno: dos años después de la entrada en vigor de la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda, cuando ya es posible evaluar algunos de sus impactos, en particular sobre el arrendamiento de vivienda.
La obra recoge doce contribuciones coordinadas por las profesoras Alonso Pérez y Cervilla Garzón, estructuradas en cuatro bloques —propiedad, arrendamiento, vivienda turística y protección de la vivienda familiar— y vertebradas por su coherencia temática. En ellas se analizan, entre otras cuestiones, la función social de la propiedad como elemento configurador del dominio y sus tensiones con el interés general; el balance de una década de “tenencias intermedias” catalanas (propiedad compartida y temporal); y la respuesta ante la “okupación”, reclamando procedimientos más ágiles y proporcionados que eviten el automatismo penal.
En materia de igualdad y no discriminación, se subrayan los límites constitucionales a la autonomía en el acceso al alquiler y, tras diagnosticar los efectos asimétricos de la Ley 12/2023, se propone una reforma integral y estable de la LAU que clarifique tipologías, rentas, gastos y prórrogas, reforzando a la parte más débil sin erosionar la oferta.
Las plataformas de alojamiento y el DSA exigen mayor transparencia algorítmica y responsabilidad; la vivienda turística se enfrenta a tres posibles vías regulatorias —precisar su exclusión, reintegrarla en la LAU o crear una figura autónoma— y a limitaciones en propiedad horizontal sujetas a estricta proporcionalidad. En el ámbito hipotecario, se aboga por armonizar la tasación, el tipo de subasta y el tratamiento concursal, para ganar coherencia y seguridad del crédito.
En la esfera familiar y sucesoria, se revisa el artículo 96 del Código Civil a la luz del interés del menor y se propone reforzar la protección del cónyuge supérstite y de las personas con discapacidad en la vivienda habitual.
El diagnóstico final es claro: dispersión normativa estatal, autonómica y europea; giro intervencionista con potenciales efectos indeseados; y retos inéditos derivados de la digitalización. La hoja de ruta pasa por emprender reformas estructurales de la LAU y del régimen sucesorio que aporten seguridad jurídica, equilibrio económico y protección efectiva de los colectivos vulnerables, orientadas a dar respuesta al mayor desafío habitacional de nuestro tiempo.
