Desde mi nombramiento como Director de la Agencia española de Protección de Datos he impulsado las vías de colaboración internacional con Iberoamérica, entendiendo que el nacimiento de esa área geográfica y cultural al derecho a la Protección de datos de carácter personal debería producirse desde la perspectiva de un intercambio global de experiencias puestas en común desde los diferentes ámbitos de decisión.
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El II Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos, celebrado durante los días 2 a 6 de junio de 2004 en La Antigua (Guatemala), se enmarcó dentro de ese objetivo prioritario. Reunió en esta ciudad a representantes de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Portugal, Uruguay y de la Conferencia Iberoamericana, para poner en común los conocimientos y experiencias planteados en relación al proceso de implementación de la normativa de protección de datos personales. Dentro de las jornadas tuvimos oportunidad, por ejemplo, de escuchar de primera mano cuales eran los entronques de este derecho en la legislación constitucional de cada estado y qué soluciones se habían instrumentado desde la jurisdicción para proteger los derechos de los ciudadanos frente a uso abusivo de sus datos personales.
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Este Encuentro fue organizado desde la Agencia Española de Protección de Datos. Sin embargo, hay que resaltar el enorme apoyo prestado desde la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) y desde la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), sin cuya colaboración seguramente no hubiera sido posible su celebración.
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Creemos que este Encuentro ha marcado un punto de inflexión en las relaciones iberoamericanas en materia de protección de datos ya que, a partir de la Declaración de La Antigua, se constituyó la Red Iberoamericana de Protección de Datos, abierta a la incorporación de representantes de todos los países iberoamericanos, punto de encuentro y canal permanente de diálogo y colaboración entre sus miembros. Además la citada Declaración sirvió para que los Jefes de Estado y de Gobierno reunidos en Santa Cruz de la Sierra incluyeran en su Declaración Final un apartado, el 45, por el que reconocieron el derecho fundamental a la protección de Datos de Carácter Personal.
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