Año 1852. Un frío mes de diciembre. El Gobierno de Juan Bravo Murillo decide llevar a la práctica una revisión de la Constitución de 1845 sobre la base de acentuar la vertiente conservadora del liberalismo moderado, aquél que había logrado ensamblar un equilibrio político, a partir de una división de poderes construida en provecho del Gobierno, con un cierto rigor organizativo, no natural, en la estructura social, aunando la nueva y emergente burguesía con los restos de la nobleza que habían mostrado su adhesión al nuevo mundo liberal. Esta línea ideológica se había sustentado en una tríada dominante: la Religión Católica, impulsada por el Concordato del año 1851 debido al mismo Gabinete dirigido por el político extremeño, que inundaba todos los campos del espíritu, desde la educación hasta la opinión pública; la Monarquía como forma de Estado y forma de Gobierno consustancial a España y sin la cual la Nación no podía ser comprendida ni históricamente, ni en el presente; y las Cortes como cauce de participación de una Nación disminuida, de élites y capacidades, de variadas aristocracias, que aparecía como el contrapeso perfecto para evitar las derivas despóticas de los gobernantes (no tanto los reyes, sino más bien sus ministros, como la experiencia histórica había demostrado con creces), unas Cortes que se contemplaban más como órgano de asesoramiento y de consejo que de estricto control político hacia los monarcas y sus principales colaboradores. El proyecto reformador buscaba reducir la Constitución a esos aspectos centrales apuntados, los únicos que merecían ese carácter fundamental, intocable, como sustento de todo el orden político en su conjunto, expulsando de la vida propiamente constitucional muchas materias como la referida a la Justicia, la presupuestaria y tributaria, o la referida a la vida municipal y provincial. El resultado fue un Proyecto acompañado de ocho Leyes Orgánicas o Fundamentales, donde se diseñaba el orden constitucional mínimo e inmutable (en el primero de ellos), no sometido a debate, ni a discusión, y sus desarrollos normativos más inmediatos, pero también más cambiantes, más sujetos a modificaciones derivadas de la experiencia y del paso del tiempo, para cuestiones varias como el Senado, los mayorazgos, las elecciones, las relaciones entre las Cámaras y su funcionamiento interno, así como la definición de los principales derechos y su protección, además del desarrollo de un concepto clave para la cosmovisión moderada como era el “orden público”, donde el Poder Ejecutivo hallaba refugio y se expandía. Este libro expone de forma sucinta el contenido y las influencias de todos estos textos, tanto mirando hacia su pasado más reciente como contemplando, en la perspectiva del siglo XIX, su suerte futura, su destino. Aunque no fueron aprobados finalmente, todos estos textos respondían a una forma de concebir el mundo conservador que resurgió en otros momentos posteriores. Porque en ese siglo XIX nada se desechaba, sino que todo esperaba su oportunidad para aparecer o reaparecer con fuerzas inusitadas.
