Lejos ya de la peyorativa connotación que, como chivato o delator, hubiera podido tener en el pasado, resulta incuestionable que la figura del whistleblower se ha convertido en una figura honrosa, loable y merecedora de contundente protección del Derecho frente a potenciales represalias que pudieran...
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Lejos ya de la peyorativa connotación que, como chivato o delator, hubiera podido tener en el pasado, resulta incuestionable que la figura del whistleblower se ha convertido en una figura honrosa, loable y merecedora de contundente protección del Derecho frente a potenciales represalias que pudieran provenir de las organizaciones –incluyendo, en sentido amplio, a instituciones, administraciones públicas y empresas– que ven aireadas con mayor facilidad sus prácticas abusivas o ilícitas. Aunque algunas de estas personas a nivel internacional han adquirido la condición de auténticos guardianes de la democracia, es indudable de que una gran mayoría de ellos –principalmente, aquellos que han actuado desde el anonimato– han arriesgado también su trabajo y su reputación profesional para desvelar actividades ilegales o reprochables de las organizaciones donde trabajaban. Por lo que se refiere al contexto europeo, no siempre se otorga protección integral frente a diversas tipologías de amenazas, intimidación y represión por parte de aquellos que ejercen una influencia corrupta.
Sobre esta premisa, la presente obra monográfica acomete un análisis pormenorizado de la figura de los denunciantes tomando como precedente el modelo norteamericano para así aproximarnos al ámbito europeo. A tal efecto, se examina la figura del denunciante y la regulación que le protege en el contexto europeo y en la abundante jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la cual ha sido pionera en garantizar la protección efectiva de estas personas. Acto seguido, basándonos en la Directiva 2019/1937 y las respectivas legislaciones de los Estados miembros, se evalúa el grado de efectividad de aquellas acciones que, en los últimos tiempos, se encuentran implementando toda una serie de órganos y agencias europeas especializadas en la protección de los denunciantes. Finalmente, se concretan algunos de los aspectos más importantes que conciernen a la recientemente creada Autoridad Independiente de Protección del Informante en España, con un fiel reflejo en el recorrido previo desarrollado en los últimos años por la Autoridad Nacional Anticorrupción de Italia y del Mecanismo Nacional Anticorrupción de Portugal.
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