Tras la tarea legislativa iniciada con la transposición de las Directivas (UE) 2019/770 y 2019/771, de 20 de mayo, mediante Real Decreto-ley 7/2021 sobre compraventas de bienes y suministros de contenidos y servicios digitales, llevada a término en España bajo una decisión de política legislativa refundidora en torno al principio rector de la conformidad contractual digitalizada, ha llegado una etapa decisiva iniciada en el año 2024 con la aprobación definitiva de la Unión de una serie de reformas, larvadas desde el año 2015, y que ahora es preciso implementar en cada Estado miembro. La entrada en vigor el 1 de enero de 2022 de la última gran reforma de la normativa de contratos y garantías de consumo, que condiciona incuestionablemente lo que está por llegar, precisa completarse y mejorarse ahora con el trabajo de integración, adaptación e interpretación de toda la normativa de consumo aprobada en la Unión en 2024, y esto en torno a tres ejes principales y complementarios recogidos en las Directivas (UE) 2024/825, de 28 de febrero, 2024/1799, de 13 de junio, y en el Reglamento (UE) 2024/1781, de 13 de junio. La protección del consumidor frente a nuevas y disruptivas prácticas desleales contra el blanqueo ecológico y muy distintos tipos de prácticas de obsolescencia de bienes, el refuerzo de la información precontractual del consumidor y la incorporación de un sistema de reparación de bienes de responsabilidad del fabricante, constituyen los ejes vertebradores de una serie de ideas y propuestas legislativas que deben encajarse ahora adecuada y reflexivamente en nuestro Texto refundido de la Ley General de Consumidores y Usuarios y en la Ley de Competencia Desleal, prescindiendo del recurso al Real Decreto-ley. La implementación de los "requisitos de reparabilidad" de determinados bienes de consumo en nuestra normativa se presenta como una tarea abierta en la transposición de esta medida por parte de cada Estado miembro. Complementariamente, tales reformas y modificaciones legales de 2024 exigen afrontar necesariamente una completa y diáfana regulación de los servicios de reparación postventa en nuestra legislación de consumo, así como una apropiada transposición de la modificada garantía comercial de durabilidad del fabricante, cuestiones a las que se da reflexiva respuesta y orientación en esta monografía a cada una de ellas, bajo la perspectiva de un derecho de consumo más sostenible en favor de la competencia, así como de un elevado nivel de protección del consumidor medio y de una mayor circularidad de la economía, nucleada en torno a los nuevos conceptos jurídicos de durabilidad, reparabilidad y reciclabilidad.
